A las Comunidades en Resistencia, al pueblo de México.

Ciudad de México a 26 de abril de 2021.

Miembros de la Comunidad Indígena de Ayotitlan y Equipo de Organización que acompaña, autoadscribiendose como Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Ayotitlán en Cuautitlán, estado de Jalisco.


Por medio del presente escrito, invocando las obligaciones del Estado Mexicano declaradas en la Constitución Mexicana, Tratados Internacionales y leyes que de ellos han emanado, acudimos atentamente a

Denunciamos los Hechos:

  1. El 22 de Julio de 2015 la comunidad fue atacada por fuerzas adscritas al estado de Colima, resultando lesionadas decenas de personas y 34 defensores sufrieron detenciones arbitrarias y acusaciones de despojo, robo calificado, privación ilegal de la libertad, daños y lesiones. Lo cual significó la manipulación del poder punitivo del estado de Colima para impedir la labor de defensa de su territorio por parte de la
    comunidad.

Los defensores recuperaron su libertad por orden de un Juzgado y Tribunal Federal quienes no encontraron elementos para la configuración de ninguno de los delitos imputados en su contra. A lo anterior se sumó la campaña de desprestigio emprendida por el Gobernador del estado de Colima contra las personas defensoras del territorio.

  1. Desde el año 2015 han habido amenazas de muerte, de manera sucesiva, por parte de actores desconocidos y miembros relacionados con el crimen organizado, presenciales (en camino hacia audiencias y dentro de órganos jurisdiccionales en Colima) y a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Hacia los miembros de la comunidad indígena en resistencia y miembros del equipo de la organización
    que acompaña.
  1. Por el desarrollo de las controversias agrarias 329/2018 y 61/2020, desahogadas en el estado de Colima, el Comisariado Ejidal buscó intimidar a los indígenas defensores mediante el uso de amenazas por parte del crimen organizado, para buscar desistimiento de las acciones.
  1. En 2019 miembros del crimen organizado, levantaron a los principales líderes de la resistencia local, para amenazarlos y hacerlos desistir del acceso a la justicia, esto fue fuera de su comunidad cerca de la cabecera municipal de Casimiro Castillo, un municipio vecino.
  1. El 14 de febrero de 2020 se determinó que la suspensión contra las actividades mineras sigue activa. La suspensión de plano fue otorgada por medio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el 19 de septiembre de 2014, la cual fue otorgada para suspender la ejecución de los actos que tuvieran como efecto y consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de sus
    bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931 hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlán, de Cuautitlán, Jalisco.

En este contexto se realizó la desaparición forzada, efectuada el 20 y 21 de febrero de 2020. Que fue realizada por parte de la policía municipal, el crimen organizado y el Comisariado Ejidal, del defensor José Padilla Elías. El objetivo de la desaparición por parte de los miembros del crimen organizado, era hacer que se desistiera del amparo citado y su suspensión. Para lo que lo trasladaron a las instalaciones de los Juzgados Federales, haciendo que firmará el desistimiento.

  1. Es importante añadir para el análisis del contexto el hecho de 29 de mayo, donde se efectuó la desaparición de miembros de la policía estatal de Colima, los cuales se trasladaron a la comunidad para cuidar empresarios mineros. Fueron encontrados 7 de estos policías muertos, después de haber sido interceptados por miembros del crimen organizado en territorio de Jalisco y de la Comunidad.
  2. Desde Marzo de 2020, ante la labor de defensa, los miembros del Comisariado informaron que por “grillos” a los defensores del territorio se les daba de baja del padrón de ejidatarios. Por lo que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
  3. Que el día 26 de octubre de 2020, siendo aproximadamente las 9.00 a.m. sufrió homicidio el joven Rogelio Rosales Ramos de 18 años de edad, en el sitio conocido como el Río de la Rosita, siendo territorio de la comunidad.
    Esto en el contexto por reclamos por las malas prácticas del Comisariado Ejidal. Siendo antecedente directo la amenaza por el abogado del Comisariado Leonel Corona Rosales para desaparecerlo. Este joven era hijo único de uno de los defensores del territorio que trabajan con la organización.
  4. El día 18 de diciembre de 2020, el ex-gobernador del estado de Jalisco fue asesinado en la ciudad turística de playa “Puerto Vallarta”. Esto fue realizado en el pleno corazón de la ciudad, donde fue limpiada la zona del crimen, los vídeos del lugar y de la plaza donde fue efectuado el asesinato.
  5. En el contexto de la elección de comisariado ejidal el compañero Santos Isaac Chávez buscaba ser elegido y favorecer el acceso a la justicia de su comunidad. Lo que molestó a los actores que están en contra, que para llegar a él, que estaba oculto, torturaron a su familia el 1 de abril, por lo que lo pudieron localizar. Fue desaparecido y encontrado muerto el domingo 4 de abril.

Lo anterior demuestra un contexto en donde el nivel de riesgo y la posibilidad de que ocurra un ataque contra los miembros defensores de la comunidad indígena y de la organización de apoyo es muy alta. Por lo que se denuncia a los responsables y se exige que el Gobierno de la República realice medidas que garanticen la integridad y labor de las personas Defensoras de Derechos Humanos. Así como el acceso a la justicia.

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